MATRIMONIO IGUALITARIO Y LAICISMO

 

El día 17 de mayo del año en curso, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer una iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional, con el fin de reconocer “el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser objeto de discriminación por su origen étnico o racial, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual”. La iniciativa, publicada en el portal de la presidencia de la república, hace una detallada relatoría de los precedentes que han sentado jurisprudencia en relación a las personas que por razones de su preferencia sexual, han acudido a los tribunales federales a reclamar sus derechos constitucionales.
La iniciativa busca incorporar con claridad el criterio de la Suprema Corte de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna, además incluye una iniciativa de reforma al código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario y que éste se realice sin discriminación entre personas Mayores de 18 años, acorde a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Tal iniciativa representa a mi juicio, una de las decisiones más relevantes del Estado laico en nuestro país, pues pretende regular uno de los temas pendientes en materia de igualdad de derechos establecidos en el artículo 1º de la Constitución General, lo que le ha traído una seria confrontación con la cúpulas religiosas y con el arraigado conservadurismo de importantes sectores sociales.

EL PRECEDENTE INTERNACIONAL
Hasta el momento, el único análisis fundado que conozco por parte de los opositores a la mencionada iniciativa, es la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocido como Tribunal de Estrasburgo, del 25 de junio del año 2010. En ella, el alto tribunal resuelve sobre una demanda que una pareja gay estableció contra el estado Austriaco por negarse a casarlos en septiembre de 2002, luego que en Abril de 2003, el gobierno provincial de la capital austriaca había ratificado la decisión del ayuntamiento, alegando que sólo podían contraer matrimonio dos personas de sexo distinto.
Los demandantes llevaron el caso ante el Tribunal de Estrasburgo, alegando una infracción del derecho al matrimonio remitiéndose al artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues la pareja consideraba que era víctima de discriminación y que el estado austriaco había cometido falta de respeto hacía la vida privada y familiar de los quejosos. El alto tribunal resolvió que el artículo 12 invocado no establece la obligación del Estado austriaco de “abrir el acceso” a ese derecho a una pareja homosexual. Sin embargo, el alto tribunal reconoció que si bien desde 1950, el matrimonio es considerado como “la unión de un hombre y una mujer”, por parte de la Convención Europea de Derechos Humanos, algunos Estados han actualizado el concepto del matrimonio para hacerlo extensivo a las parejas del mismo sexo. En la declaración que permitió conocer su resolución, el alto tribunal aclara que su decisión no supone un posicionamiento en contra de las uniones de personas de un mismo sexo, sino que considera que el reconocimiento del matrimonio homosexual en las legislaciones de los distintos países, corresponde al ámbito del ejercicio de la soberanía de cada Estado, pero que no existe obligación de esos Estados a admitirlo.
Las decisiones de los tribunales suelen ser de carácter restrictivas o dinámicas. La del alto tribunal se encuentra dentro de la primera, teniendo en cuenta el tipo de resolución apegada a una concepción muy tradicional del matrimonio. Con todo, a la fecha son 22 países los que han tomado decisiones dinámicas, legalizado las uniones considerándolas matrimonios igualitarios (Argentina, Bélgica, Brazil, Escocia, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda, Islandia, México, Noruega, , Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay) y 19 en donde se permite otra forma de unión homosexual (Alemania, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Austria, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Australia, Israel, Malta, México, República Checa y Suiza) . Para variar, en nuestro país, algunas entidades federativas han resuelto legalizar el matrimonio igualitario y otras dentro del rango de llamarles de otra manera, por ejemplo “sociedades de convivencia”, en el caso de la Ciudad de México.

LOS ARGUMENTOS FALACES
La reacción furibunda del conservadurismo ha hecho suyos viejos prejuicios y argumentos difíciles de comprobar:
a) el relativo a “la función del ano”, según cátedra magistral dictada desde el púlpito por el arzobispo Rivera, b) “el matrimonio se hizo para garantizar la procreación y las uniones de personas de un mismo sexo no pueden hacerlo”, entonces, cuando una pareja heterosexual no puede garantizar la procreación ¿estamos en presencia de una anulación o invalidez matrimonial?¿no es acaso el amor entre dos personas el principal factor que determinó a éstas la unión?¿y el principio de igualdad regulado en el artículo 1º de nuestra CEPUM?; c) “no se puede llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, llámesele cualquier cosa menos así” ¿que acaso la institución del matrimonio ha permanecido estática desde su aparición? ¿olvidan que el matrimonio se hizo para otorgar derechos y obligaciones derivados de la unión a los contrayentes para hacer vida común, educar a sus hijos biológicos o adoptados, entre otros factores propios de su naturaleza?¿se olvida que es un contrato de carácter civil tutelado por el Estado laico y no por el estado confesional?
Y continuamos: d) “Las parejas del mismo sexo son proclives a corromper a los hijos adoptados o biológicos” ¿existe una estadística con rigor metodológico que demuestre lo anterior?¿existe información científica que demuestre tal falacia?; e) “no discutamos éste tema porque polariza a la sociedad” ¿no son temas polarizantes el trato a inmigrantes centroamericanos, la pobreza extrema de millones de mexicanos, la grave corrupción de muchos servidores públicos, la tortura a sospechosos de cometer ilícitos, los graves hechos de pederastia de sacerdotes a niños y niñas, las desapariciones forzosas, los crímenes de odio cometidos contra mujeres y hombres, la participación de grupos neonazis como factor de intimidación ? ¿que hace realmente la iglesia para combatir estos graves problemas? antes de debilitar o vulnerar al Estado laico ¿no sería más conveniente abrir un debate nacional sobre los temas que polarizan al país?¿acaso el Estado confesional puede substituir al Estado laico al imponer sus dogmas de fe o su moral privada de corte religioso y hacerla moral pública?, y f)”no es posible que sobre el sentimiento de la mayoría de ciudadanos resuelva un grupo minoritario de individuos” ¿existe hoy en una sociedad democrática o totalitaria, una forma mediante la cual resuelvan los ciudadanos en mayoría problemas que se sustentan en el conocimiento de la ley, los tratados y jurisprudencia, la economía, la política nacional e internacional? La respuesta es negativa. Toda sociedad tiene aparatos u organismos institucionalizados especializados en los cuales descansa el peso de decisiones de alto impacto, que obligan al resto de los organismos y ciudadanos a efecto de vivir en una sociedad regulada.
Tal es el caso de las decisiones del Tribunal de Estrasburgo o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero ante lo cual podemos hacer uso de recursos contemplados en la legislación o los tratados. Por supuesto, existen formas de participación de la ciudadanía como el referéndum y el plebiscito que sirven de orientación a legisladores y gobernantes sobre temas específicos de la vida nacional, aunque hablamos de formas distintas y convenientes en la toma de decisiones.

LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
Pasaron cinco años a partir de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Semanario Judicial de la Federación publica la tesis jurisprudencial 43/2015 de su Primera Sala, determinó la inconstitucionalidad de la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, en clara interpretación del artículo 1º de la Constitución.
Algunos estudiosos del artículo 1º de la Constitución (Mata Quintero, y otros) sostienen dos premisas: la primera, La jurisprudencia, en términos de la Ley de Amparo, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, pero no para las autoridades administrativas que intervienen en la celebración del contrato del matrimonio, por lo que éstas aún podrían negarse a autorizar matrimonios de personas de un mismo sexo, lo que ocasionaría que las personas afectadas podrían acudir al juicio de amparo para obtener la protección de la justicia federal y así poder obtener permiso para contraer matrimonio.
La segunda y que me parece más pertinente, consiste en que el artículo 1º ya invocado, establece la obligación de maximizar la protección de los derechos de las personas, por lo que las autoridades administrativas tendrían también el deber y no sólo la posibilidad, de fundar sus actos en la resolución de inconstitucionalidad realizada por la Primera Sala, a efecto de interpretar y actuar en contra de aquellas disposiciones normativas que impidan que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. La obligación de maximizar la protección de los derechos de las personas, supone que todas las autoridades públicas del país, sin importar nivel o rango, tienen responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas, así como los deberes específicos de prevenir y reparar violaciones a derechos, las mismas que configuran la competencia constitucional de cualquier autoridad al ejercer la función o servicio público que les corresponda.
La Corte, al emitir su resolución, valoró el contenido del artículo 1º, párrafo 3º de la CPEUM y el artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). Consideró que a partir de la reforma de 2011, todas las autoridades del Estado Mexicano se encuentran obligadas a velar por el derecho de las personas, por lo cual deben interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado mexicano, favoreciendo a las personas y garantizando la protección más amplia. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que “el control de la convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que en derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados”.
No es dato menor que ante estas razones se pretendan imponer asuntos de moral religiosa o de fe aún a los no creyentes, que cada día somos más en este país. El asunto de fondo es que una vez más el Estado laico recibe una de sus ya recurrentes embestidas por parte de un Estado confesional que no se resigna a seguir reinando en este mundo, y justo es decirlo, apoyado por muchos ciudadanos de a pie laicos que aún le secundan en sus prejuicios y fobias, aunque no lo reconozcan.

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