Jaime Cuevas, el regidor Zura, y la falta de una política de vivienda en Bahía de Banderas

Por Salvador Guardado

Decenas de familias que viven en Bahía de Banderas en condiciones muy precarias, decidieron la semana pasada tomar de manera pacífica un predio ubicado a un costado de la entrada al fraccionamiento La Misión, de San Vicente. La intención de casi un centenar de familias que se unieron para realizar la toma es construir allí viviendas «aunque sea de madera y cartón» que se convierta en su hogar. El predio, de aproximadamente dos hectáreas, probablemente es propiedad de la empresa constructora Dynámica, que dejó allí a medio construir varios edificios de departamentos, mismos que también fueron ocupados por las familias de escasos recursos. Este nuevo asentamiento irregular se suma a otros ya existentes, como Villas Miramar, Bicentenario, Ovando, Tierra Santa, Rinconada de las Flores y otros más.

Al publicarse la información de la «invasión» en este medio y en las redes sociales el pasado sábado, una persona de nombre Armando Silva en el Facebook se dirigió al regidor de la demarcación de San Vicente, Jorge «Zura» Luquín, diciéndole: «Cuevas y el cabildo tienen que resolver esto, Jorge Luquín Zura», a lo que el regidor (que cobra alrededor de 100 mil pesos mensuales por no hacer nada, y usa como propio un auto nuevo que le dio el municipio dizque para hacer su «trabajo», entre otros muchos privilegios propios de la famosa «mafia en el poder»), contestó: «Te equivocas amigo, el primero que tiene qué actuar es el dueño».

No sorprende que este dizque «representante» haya dado esta insensible respuesta, porque él y otros ediles han dado sobradas muestras de lo poco que les importa la gente y sus precarias condiciones de vida. A este regidor y algunos más sólo le importa que llegue la quincena para que les depositen sus decenas de miles de pesos y darse vida de «fifís», sin mayores esfuerzos, a costa del erario público, que son recursos de todo el pueblo y que deberían servir para mejorar la vida del pueblo, no para el disfrute de unos pocos.

Es cierto que, como dice el regidor, posiblemente el dueño actúe primero que el gobierno municipal (del cual él forma parte) e interponga una demanda penal ante el ministerio público por despojo, daño en propiedad ajena y lo que resulte, y luego de eso, un juez ordene el desalojo y hasta la aprehensión de quienes se resistan a abandonar la toma. Esa acción «resuelve» la toma o invasión, pero no resuelve el gigantesco y verdadero problema social de la falta de vivienda popular que hay en Bahía de Banderas, uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico en el país, donde claramente se observa el gran contraste entre los ricos y los pobres, tal como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente, y lo han dicho muchos investigadores, funcionarios con conciencia social, y activistas.

Es absolutamente incomprensible que a estas alturas del nuevo siglo, y viendo el acelerado crecimiento de Bahía de Banderas aún no se comprenda que el municipio debe aplicar una política de vivienda popular para darles oportunidades de vivir mejor a miles de personas que ya radican aquí y que pese a sus grandes esfuerzos no logran construir o adquirir su hogar porque les resulta excesivamente caro e inalcanzable, porque los salarios son muy bajos o porque muchos trabajan en actividades informales con muy bajos ingresos.

Además, así como Zura, muchos otros políticos y funcionarios se dan cuenta del desordenado crecimiento urbano de Bahía de Banderas pero no hacen nada por impedirlo y tomar la batuta en ese tema. Se deja el crecimiento urbano a las empresas constructoras particulares, ejidatarios y a algunos vivales, los cuales hacen nuevos fraccionamientos donde les pega la gana, donde pueden comprar las tierras de uso agrícola más baratas para tener mayores ganancias al pagar mordidas para darles uso habitacional, y a veces hasta en zonas de riesgo, alejados o aislados unos de otros, lo que complica la dotación y mantenimiento de los servicios públicos, calles, avenidas y demás. Bahía de Banderas seguirá creciendo desordenadamente si el municipio no adopta una política de vivienda, planificando el crecimiento urbano con visión moderna y sustentable, apoyando también a los grupos más vulnerables para que también puedan mejorar sus condiciones de vida. Para eso es el gobierno, para que se ponga orden y se mejore la vida de los habitantes de su territorio, no para colocarse como espectador del caos y la pobreza.

Aquí en Bahía de Banderas en 2018 el presidente Jaime Cuevas tuvo el gran acierto de crear el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) pero lo ha dejado en el abandono y con ésto ha dejado ir oportunidades de hacer una gran labor. El Imuvi fue creado con el objetivo de dar oportunidades a las familias que no cuentan con Infonavit, Fovissste ni créditos bancarios, para que puedan adquirir lotes, materiales de construcción y viviendas con ciertas facilidades y subsidios, porque el gobierno para eso es, para darles oprtunidades a todos, sobre todo a los que menos tienen.

Ahora que ha ocurrido la toma del predio de La Misión por parte de un centenar de familias se le presenta nuevamente la ocasión al presidente Jaime Cuevas de retomar el tema de la vivienda popular, de la creación de la reserva territorial y de los fraccionamientos sociales, para darle orden al crecimiento urbano y empezar a solucionar esta imparable demanda social.

Es tiempo de hacer algo con inteligencia y sentido social, antes de que haya más ocupaciones de terrenos y el problema crezca y se vuelva más conflictivo.

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